El término, por extraño, lo
leía hace años queriendo expresar entonces los mismos miedos de hoy.
Todo lo que hagan los catalanes -en este caso la reforma de su Estatut-,
provoca múltiples reacciones desconfiadas, particularmente, en una
tierra como la nuestra, más dispuesta a observar el corral ajeno que el
suyo propio.
Mucho antes de conocerse el texto
que las formaciones política del Parlament han aprobado y trasladado a
las Cortes –con una unanimidad del 90%-, Cataluña ya venía siendo, entre
algunos intelectuales de pin y lumbreras de opinión pública, objeto de
más atención, supuestamente crítica, que el propio hecho andaluz. Vuelve
a estar de moda la fijación. Hay verdadera rivalidad por cuestionar a
otros territorios más que poner el énfasis del interrogante sobre como
el texto que vamos a aprobar los andaluces, cómo se redactó nuestro
Estatuto durante nuestra transición, porqué los ciudadanos están ajenos
al debate de la reforma o cómo trabajan nuestros representantes en tal
sentido.
Con las limitaciones de un
artículo periodístico, cabe recordar que el hacer de Cataluña provocó a
lo largo del siglo XX la generalización autonómica que otras Comunidades
aceptaron –café para todos-. Un devenir que, sin embargo, ha
avanzado más hacia una interpretación homogeneizante y no en pro del
reconocimiento de unos hechos diferenciales para determinados
territorios entre los que incluyo a Andalucía. Cuando Zapatero
generalizó la oferta reformista para todas las Comunidades, parece que
la única forma de hacerla efectiva es con un ojo puesto en el agravio y
el otro en esa pela siempre preocupa tanto al catalán y que se supone
sacada de nuestro bolsillo.
El panorama descrito concreta un
escenario de permanente confrontación entre Cataluña y España que pasa,
en primer lugar, por un abierto rechazo a la personalidad diferencial de
la primera, así como a la existencia de una idea dominante en la segunda
en referencia a la pretendida insolidaridad catalana en temas de
financiación autonómica. Parecemos olvidar que Cataluña, a lo largo del
siglo XX, con su reivindicación cultural, lingüística, política e
institucional ha contribuido, y mucho, a la modernización y al progreso
de un Estado plural y cooperativo, al que siempre ha gustado pertenecer
reclamando voz y voto a la hora de evaluar servicios, programas y
políticas. Una realidad que desde Andalucía hemos olvidado imitar cuando
coinciden los colores partidistas de San Telmo y La Moncloa.
Pese a todo, nadie negara que
existe un ánimo hostil que trasciende lo que, democrática y
legítimamente, cabe recordar aquí, han decidido todos los representantes
catalanes a excepción del PP. Sin embargo, pese a que el Proyecto de
Estatut será debatido en Cortes y que el propio partido en el Gobierno
no tiene claro su opinión, cabe precisar que, suceda lo que suceda con
su articulado, habremos cerrado en falso la cuestión si los propios
políticos e instituciones de Cataluña no son capaces de explicar y
convencer al resto de España de sus posiciones. Y esta cuestión tiene
una segunda cara: por encima de aquella unidad centralista, rancia y
monocolor del Estado que ahora nos recuerda algún militar que siempre
debió estar firme, la tan cacareada pluralidad democrática y
constitucional, no deben ser meras palabras de un nuevo talante, sino la
voluntad política y pedagógica de reconocer la existencia de cuatro
personalidades singulares en otros tantos territorios (entre los que
incluyo a Andalucía), desde donde profundizar la democracia, compartir
soberanía y avanzar en la interpretación constitucional. No en vano se
viene calificando como segunda Transición al intenso momento político
que nos disponemos a vivir, mientras las señorías andaluces ocupan su
tiempo en dar nombre a un himno que no lo necesita.
Frente a esa abierta capacidad de
diálogo democrático a nadie escapa que existen importantes sectores
políticos y mediáticos que vienen oscureciendo un horizonte ilusionante
de reformas, creando una falsa o estereotipada imagen de catalanes y
vasco que, paradójicamente, lejos del estímulo que pudiera representar
para los hijos de Tartessos, eclipsa cualquier debate y lo reconvierte
en las más tópica y oscura de las interpretaciones involucionistas,
peligrosamente contrarias al espíritu de la Carta Magna. Y ello, ni nos
estimula ni nos favorece en la construcción de un discurso propio.
Desconocemos qué va a pasar con el
Estatut, pero lo que me resisto a creer es que si durante el debate
final que nos resta, no se relega este clima de fobia y confrontación,
estaremos inmersos en la misma suspicacia que hace 26 años deberíamos
haber sido capaces de superar. Ahorraremos preguntas a los andaluces
como sobre qué lado de la línea imaginaria -nacionalidades o regiones
históricas-, desean situarse como autogobierno y en base a nuestra
identidad. Porque lo que sí tengo meridianamente claro es que, en esta
ocasión, no interesa al partido mayoritario en nuestra Comunidad
impulsar otro 28F y romper así un nuevo marco constitucional que vuelva
a favorecer a otros territorios. ¿O es que acaso pensamos hacerlo contra
Cataluña?